La Cámara baja convirtió en ley el proyecto que reduce las contribuciones patronales de las microempresas para combatir el empleo en negro.
La Cámara de Diputados convirtió en ley por amplia mayoría el proyecto que reduce los aportes patronales de microempresas para fomentar el empleo registrado y regularizar, según estimaciones oficiales, 650 mil trabajadores en dos años.
Puntos destacados de la nueva ley
La nueva ley beneficia con reducciones del 50 por ciento de las contribuciones patronales, sin límite de tiempo, a empresas que tienen hasta cinco trabajadores, y que no son sociedades anónimas y tienen un cierto nivel de facturación anual.
Una vez ingresada en el programa, la empresa puede contratar hasta siete trabajadores y mantener el beneficio sobre los primeros cinco. A partir del octavo trabajador se considera que la empresa pasa a ser una “pequeña empresa”.
Para las pequeñas y medianas empresas, se estableció un régimen temporal de reducción de contribuciones para contrataciones que incrementen la cantidad de trabajadores registrados en la empresa.
Las empresas de hasta 15 trabajadores que no se encuadren en el beneficio anterior, no ingresarán contribuciones durante los primeros 12 meses, e ingresaran el 25% de las mismas los siguientes 12 meses para cada nuevo trabajador que aumente la dotación de personal.
En tanto, las empresas de entre 16 y 80 trabajadores, ingresarán solo el 50% de las contribuciones durante los primeros 24 meses de una nueva relación laboral que incremente la dotación de personal de la empresa.
La ley también crea el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) que incluirá a todas las empresas que no registren a sus trabajadores, que contraten a niños o adolescentes fuera de los límites legales o que incurran en trata de personas para el trabajo forzado.
A las empresas que tengan infracciones, además de las sanciones que correspondan, se las incluirá en el Registro y se le aplicará por ello restricciones que irán desde la anulación de subsidios estatales hasta la pérdida de beneficios impositivos.
Por otra parte, la flamante ley tiende a consolidar la capacidad de inspección del Estado, a cargo del Ministerio de Trabajo, a través de una unidad especial en esta cartera que intervendrá junto con los inspectores.
